166 personas y empresas son investigadas por delitos mayores a los 2 mil 766 MDP

Tras rendir su Segundo Informe de Gobierno, Luis Miguel Barbosa Huerta refirió que en busca de combatir la corrupción y de preservar el patrimonio que corresponde a los poblanos, se han iniciado investigaciones sobre operaciones financieras, funcionamiento de notarías públicas y concesiones dadas al Tren Ligero Puebla-Cholula, el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional Barroco, la Red Urbana de Transporte Articulado, la Estrella de Puebla, el Teleférico, y la destrucción y venta de Flor del Bosque.
“En Puebla se acabó el modelo de negocios al servicio de personas y empresas en el que gobiernos anteriores habían convertido la administración pública, no se ha tolerado ningún acto de corrupción, se ha saneado el servicio público, el cual es austero y transparente y no hay más burocracia dorada, derroches ni dispendios”, refiere Barbosa en el documento entregado al Congreso local.
En mismo sentido, señaló que de 29 notarías del estado que fueron otorgadas durante el morenovallismo, a 21 le fueron revocadas la Patente de notario, debido a que fueron expedidas de forma irregular.
Por otra parte, el gobernador indica que se han presentado juicios de nulidad administrativa, los cuales corresponden a la venta de inmuebles entre las anteriores administraciones y particulares, las cuales comprenden un daño al patrimonio de los poblanos de más de mil millones de pesos.
“El gobierno de Puebla, identificó y recuperó el patrimonio sustraído en pasadas gestiones estatales; durante la investigación, se detectaron métodos de operación recurrentes de grupos políticos e inmobiliarios que ostentan todavía en algunos casos y de forma indebida, gran parte del patrimonio de las y los poblanos. Estas medidas de protección a la heredad poblana han arrojado resultados con un valor inmobiliario establecido en 919 millones 880 mil 837 pesos, vislumbrando con certeza la recuperación total del patrimonio poblano, para el término de la administración estatal, aplicando los controles suficientes para evitar la desaparición del mismo en un futuro y habiendo entregado ante el imperio de la ley, a todo actor involucrado en las mencionadas operaciones simuladas”, explicó.
166 son las personas y empresas que actualmente se tienen en investigación por irregularidades en los procesos o funcionamiento de sus concesiones, además de que gran parte de las obras conforman un “Pork Barrel”, que deberá ser esclarecido.
“Las y los poblanos tienen el derecho a saber la verdad de la deuda pública; la cual, asciende a más de 48 mil 290.6 millones de pesos, mismos que son obligaciones de largo plazo resultado de acciones de opacidad y de corrupción en el manejo de la deuda heredada de gobiernos anteriores, que benefició a una élite política de unos cuantos”, declaró el titular del Poder Ejecutivo.