Francisco Cervantes y la extensión de su mandato en el CCE: ¿Estrategia o falta de alternativas?

Este mes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunció la extensión del mandato de Francisco Cervantes Díaz hasta diciembre de 2025. La decisión, respaldada por los organismos empresariales con derecho a voto, se justifica en la necesidad de garantizar estabilidad durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en la promoción del nearshoring como motor de inversión. Sin embargo, esta medida ha sido vista por algunos sectores como una falta de renovación en la representación del sector privado, lo que pone en duda la capacidad del CCE para responder a los retos actuales con una visión fresca e incluyente.

La permanencia de Cervantes en el cargo ocurre en un momento en el que la relación entre el sector empresarial y el gobierno ha sido objeto de debate. Su liderazgo se ha visto señalado por una estrategia de colaboración con la administración federal, lo que ha generado opiniones divididas dentro del empresariado. Mientras algunos consideran que este enfoque permite mantener abiertos los canales de diálogo y evitar confrontaciones innecesarias, otros creen que ha debilitado la capacidad del Consejo para ser un contrapeso efectivo ante decisiones gubernamentales que afectan el entorno de negocios en México.

Además, la falta de alternancia en la presidencia del CCE plantea preguntas sobre la representatividad de la organización y la inclusión de nuevas perspectivas en su dirección. Sectores como el de las pequeñas y medianas empresas (pymes) han manifestado preocupaciones respecto a su limitada participación en la agenda del organismo. La estructura del CCE, que ha sido criticada por favorecer a los grandes conglomerados, parece perpetuar un esquema en el que las voces de los pequeños empresarios quedan en segundo plano, sin influencia real en las decisiones estratégicas.

Otro punto de cuestionamiento es la falta de transparencia en el proceso de reelección. Aunque la continuidad de Cervantes fue respaldada por unanimidad entre los siete organismos con derecho a voto, no se realizaron consultas públicas ni mecanismos de evaluación que permitieran una mayor apertura en la toma de decisiones. Esto refuerza la percepción de que el CCE opera bajo dinámicas cerradas, donde la participación de distintos sectores empresariales es limitada.

El contexto político y económico también añade complejidad a la reelección de Cervantes. En medio de una posible transición política en 2024, el CCE enfrenta el reto de redefinir su papel en la interlocución con el gobierno. La capacidad del organismo para influir en la agenda económica del país dependerá en gran medida de su independencia y de su capacidad para representar una diversidad de intereses dentro del sector privado. La falta de posicionamientos firmes en temas de trascendencia nacional, como la reforma fiscal y las políticas de inversión, ha generado incertidumbre sobre la capacidad del Consejo para asumir un liderazgo activo en el diseño de estrategias para el crecimiento económico.

En este sentido, algunos analistas han señalado que la reelección de Cervantes podría ser una estrategia para garantizar continuidad en las negociaciones, como las relacionadas con el T-MEC y la atracción de inversiones mediante el nearshoring. Sin embargo, la ausencia de una evaluación objetiva sobre el impacto de su gestión deja abierta la pregunta de si su permanencia responde a una necesidad real o a una falta de alternativas dentro del CCE.

Si el Consejo Coordinador Empresarial quiere mantener su legitimidad y fortalecer su papel como un organismo representativo, deberá demostrar que su liderazgo responde a criterios de eficacia, inclusión y transparencia. La extensión del mandato de Cervantes representa una oportunidad para consolidar una agenda más equilibrada, que integre a todos los sectores productivos y que refuerce la independencia del organismo frente a decisiones gubernamentales que puedan afectar el desarrollo empresarial en México.