El escándalo sacude al Ayuntamiento de Chignahuapan, donde el Fiscal General del Estado de Puebla ha imputado a Lorenzo Nava, un alto funcionario municipal, por el delito de homicidio simple intencional. La acusación, derivada de eventos trágicos ocurridos en noviembre de 2022, señala a Nava de haber nombrado de manera irresponsable a Juan Carlos Pérez Fernández como oficial de policía, a pesar de no cumplir con los requisitos legales necesarios para el cargo.
Según documentos oficiales, la decisión de Nava de permitir que Pérez Fernández ejerciera como policía, a pesar de su falta de experiencia y capacitación, contribuyó directamente a su muerte. A Pérez Fernández lo asesinaron junto a su compañera, Claudia Herrera Sosa, cuando ambos respondieron a un incidente en la localidad de El Paredón. Los asesinos, identificados como huachicoleros y algunos pobladores que defendían a los delincuentes, emboscaron a los policías tras el aseguramiento de una camioneta cargada con combustible ilegal.
El hecho de que Pérez Fernández y Herrera Sosa se encontraran desprotegidos y en desventaja ante criminales armados ha levantado serias críticas sobre las políticas de seguridad y los protocolos de asignación de personal en el municipio.
Además, la situación se ve agravada por la relación política entre el alcalde de Chignahuapan, Lorenzo Rivera, y Tania Trejo, una candidata a diputada federal del PRI recientemente detenida en posesión de armas largas y drogas. Esta conexión ha intensificado las sospechas de negligencia y corrupción dentro del gobierno municipal, especialmente en un contexto donde la violencia y la inseguridad han escalado dramáticamente.
Hasta el momento, el alcalde Rivera ha ofrecido poco más que condolencias a las familias de los oficiales caídos, sin presentar un plan concreto para abordar la inseguridad que asola el municipio.