En la conferencia matutina presidencial de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, denunciaron decisiones judiciales que, según ellos, han favorecido a varios personajes controversiales. Los ex gobernadores de Puebla, Mario Marín Torres, y Javier López Zavala, fueron citados como ejemplos de cómo el sistema judicial ha protegido a presuntos delincuentes.
Mario Marín: Libertad anómala y custodia especial
El exgobernador Mario Marín, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho, fue objeto de críticas por parte del gobierno federal. Rodríguez cuestionó la decisión de la jueza Angélica del Carmen Ortuño Juárez de permitir que Marín cumpliera su medida cautelar en su residencia en Puebla, después de haber estado en el penal de El Altiplano.
La secretaria también expresó su descontento con la asignación de elementos de la Guardia Nacional para vigilar el domicilio de Marín, considerándola una medida innecesaria y anómala.
Javier López Zavala: Impunidad en caso de feminicidio
En el caso de Javier López Zavala, quien enfrenta cargos por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez, el gobierno federal criticó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del sexto circuito de Puebla. Según Rodríguez, el tribunal, conformado por los magistrados Arturo Gamaliel, Armando Mata y José Luis Moya, decidió otorgar un amparo a López Zavala, negando el trámite para continuar con el proceso.
La funcionaria argumentó que esta decisión deja el caso en un estado de impunidad.
Llamado a la Reforma Judicial
El presidente López Obrador utilizó estos casos para reforzar su argumento a favor de una reforma al Poder Judicial. La propuesta incluye la renovación de jueces y magistrados y su selección a través de voto directo, con el objetivo de mejorar la transparencia y la justicia en el sistema judicial mexicano.
La crítica se centró en la necesidad urgente de cambios para evitar que decisiones judiciales como estas continúen afectando la confianza pública en la justicia.