Mandos de la SSC se amparan ante amenzas de levantones, torturas y ejecución.
Lourdes Rosales, José Tlachi Meneses y mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana promovieron un amparo ante la justicia federal para evitar que sean “levantados, torturados y ejecutados” por presuntos elementos de las corporaciones policiacas del estado, por supuestas amenazas recibidas a través de amigos y familiares de que van a ser privados de su libertad.
Horacio Óscar Rosete Mentado, quien es juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, les concedió la suspensión provisional en la solicitud hecha por “ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial”, por “privación de la vida”, así como por “incomunicación, malos tratos, tortura psicológica, mutilación, azotes, palos, tormento de cualquier especie y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales en su perjuicio”, pero les rechazó la suspensión en cuanto a la “ejecución”, esto según el acuerdo juicio de Amparo 271/2020.
La demanda de amparo fue solicitada por Lourdes Rosales Martínez, titular de la SSC; José Tlachi Meneses, coordinador General de la Corporación policiaca; Aníbal Ramírez Guzmán, director del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública y Política Criminal; José Adrián López Colula, subdirector de Estrategias y Grupos Policiales; Ernesto González Escamilla, subdirector de Inteligencia; Francisco Cruz Torres, subdirector de Seguridad Pública; y Luis Enrique Valdez Ortiz.
Dicha petición ocurrió días después de que el gobernador Miguel Barbosa revelara que la mayoría de los jefes y mandos de la SSC estaban coludidos con el crimen organizado e incluso les daban protección para no ser detenidos en ningún operativo por lo que era necesario revelar a todos incluyendo a Lourdes Rosales.
El mandatario reveló además que la alcaldesa Claudia Rivera le había informado de las carpetas de investigación que la Fiscalía integraba en contra de sus mandos por diversas denuncias recibidas y por información que había recibido de las corporaciones estatales.
A pesar de que Rivera Vivanco había aceptado que el Estado asumiera el control de la Seguridad Pública municipal a través de Carla Morales, 10 después salió a la defensa de Lourdes Rosales y echó abajo el acuerdo establecido con el mandatario estatal.
Se especula que tras recibir el pitazo de la alcaldesa Claudia Rivera fue que Lourdes Rosales y José Tlachi Meneses convocaron a los mandos de la corporación para que en conjunto solicitaran un amparo Para evitar que fueran privados de su libertad ante las carpetas de investigación que integra la Fiscalía General del Estado.
Por esta razón el grupo demanda varios policíacos de la capital poblana presentaron el amparo argumentando que habían sido amenazados por policías estatales y agentes ministeriales a través de terceros que iban a ser levantados, torturados y que los iban a matar como perros.
En la demanda se señala como preocupación lo siguiente: “Nos hemos enterado por amigos y familiares que en diversos horarios fuera de nuestro domicilios se encuentran personas preguntando por nuestra personas, en su mayoría del sexo masculino, vestidos con ropa táctica y otros de civil, portando armas largas y cortas a bordo de camionetas Pick Up de doble cabina, personas que han manifestado pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y a la Fiscalía General del Estado, tener instrucciones directas del ejecutivo estatal y que esas órdenes fueron “bajadas” al Fiscal General del Estado de Puebla y al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, amenazando que en el lugar en donde nos encuentren vamos a “VALER MADRE”, que nos levantarán y matarán como unos perros, pero que antes filmaran nuestras muertes y se establecería como nos torturan hasta perder la vida, que nos cortarán los dedos y orejas, para tener mayor dolor y se los enviaran a nuestras familias a ver si así aprendemos, esos actos de igual manera serán filmados y ”subidos” a la red You Tube para que nuestras familias lo vean”
Por lo que con fecha del 30 de marzo el juzgado 3º de distrito les concedió el amparo para evitar que cualquier corporación policíaca estatal o de la Fiscalía General Del Estado los prive de su libertad como los prive de la vida coma los incomunique, torture y/o mutile.