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Internacional

Perú: aprueban ley de legítima defensa a favor de los ciudadanos

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En Perú, el Congreso de la República dio un paso significativo en la reforma de la legislación penal peruana al aprobar la ley que exime de responsabilidad penal a los ciudadanos que actúen en legítima defensa. La normativa, impulsada por la legisladora Patricia Chirinos del partido Avanza País, marca un suceso importante en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a situaciones de peligro.

Congreso aprueba ley que exonera de responsabilidad penal en casos de legítima  defensa - Infobae

La ley, que obtuvo una sólida mayoría con 78 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, representa un cambio fundamental en los códigos penales y procesales relacionados con la responsabilidad penal en situaciones de legítima defensa.

La iniciativa propone modificar el artículo 20 del Decreto Legislativo 635 del Código Penal Peruano, con el objetivo de otorgar protección legal a individuos que defiendan la integridad de su hogar, vehículo, lugar de trabajo o negocio ante un atentado a la integridad personal o la de su entorno familiar. El proyecto de ley n.º 254./2022-CR cuenta con la coautoría de los congresistas Alejandro Cavero, Adriana Tudela, Diana Gonzales, Norma Yarrow y Diego Bazán.

El Congreso de Perú exime de responsabilidad penal al uso de la fuerza en legítima  defensa

La actual Constitución establece que se consideran personas inimputables aquellas que carecen de consciencia de su delito por razones de salud, así como los menores de edad, entre otros casos. La nueva legislación busca añadir la condición de impunidad para aquellos que se defiendan o incluso lleguen a causar la muerte de delincuentes que pongan en peligro su vida o la de otros ciudadanos, sin importar el lugar o las circunstancias, siempre y cuando la víctima haya estado en un verdadero peligro.

Es importante destacar que la norma aún no puede entrar en vigencia, ya que requiere la aprobación del Poder Ejecutivo. Esta reforma legal, de ratificarse, representaría un cambio significativo en la forma en que se abordan los casos de legítima defensa en el Perú, proporcionando a los ciudadanos una mayor seguridad jurídica al ejercer su derecho a proteger su vida y propiedad en situaciones de peligro inminente.

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