En una sesión ordinaria del Congreso de Puebla, se aprobaron dos importantes reformas: el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
Ambas decisiones forman parte de un conjunto de reformas impulsadas a nivel nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con impacto significativo en la política de seguridad y los derechos comunitarios.
Polémica por el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena
Con 33 votos a favor y 7 en contra, Puebla se sumó a los estados que avalan la incorporación de la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena, lo que generó un fuerte intercambio entre los legisladores.
Diputados del PAN manifestaron su desacuerdo, mostrando una lona en la sesión que criticaba lo que consideran una “militarización” del país. Susana Riestra, diputada del PAN, insistió en la necesidad de reforzar las policías locales en lugar de ceder más control a las fuerzas armadas.
Por el contrario, Andrés Villegas Mendoza, diputado de Morena, defendió la medida señalando que es un paso crucial para el fortalecimiento de la seguridad en el país. A pesar de la resistencia de algunos partidos, la reforma fue aprobada, convirtiendo a Puebla en el décimo quinto estado en sumarse a esta iniciativa.
Reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos
El Congreso también aprobó, sin oposición, la reforma que reconoce oficialmente a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta decisión, respaldada por 40 votos a favor, representa un avance importante en el reconocimiento de los derechos de estas comunidades, que constituyen un importante sector de la población.
La nueva ley subraya la obligación de consultar de manera libre y previa a estas comunidades sobre cualquier legislación o acción administrativa que pueda afectar sus territorios y su forma de vida. Este reconocimiento refuerza el compromiso del estado con la diversidad cultural y los derechos colectivos de los pueblos originarios de México.