Alumnas de la FDCS en paro, porque BUAP encubre a docentes acosadores

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la BUAP, algunas alumnas mantienen el paro pues acusan a las autoridades de encubrir a maestros acosadores y de ser opacas con las denuncias por violencia de género que ha resulto la institución.
Dieron a conocer que tan solo en la FDCS, se sabe de más de 50 profesores que incurren en estos actos y que al menos 25 se concentran en Ciencias Políticas. Además, señalaron que hay alumnos y admirativos que incurren en dicho tipo de violencia hacia ellas.
Entre los docentes señalados se encuentra el Coordinador de Ciencias Políticas, Octavio Moreno, quien es acusado de invitar a salir a las alumnas y las ha acosado, incluso cuando le dicen que no, el insiste. Aseguran que suele llamar a las estudiantes a altas horas de la noche, preguntando por cuestiones personal que son ajenas a su labor docente y que incluso las amenazado cuando ve una posible denuncia.
También el Maestro de Relaciones Internacionales, Luis Miguel Morales Gámez, es acusado de ofrecer a sus estudiantes mujeres realizar servicio social con él. Además, Morales Gámez ya presentaba antecedentes de acoso que no fueron tratados, ya que en reuniones los directivos argumentaron que desconocían el hecho.
Mientras que, en la carrera de Sociología, se señala a Andrés Ramos Reyes y Guillermo Rivera de ser focos rojos, pues en sus trayectorias cuentan con diversas demandas, siendo uno de ellos quien ha llegado a mandar fotografías intimas a las alumnas. En la carrera de Criminología se acusa al profesor Jesús Eduardo Muñoz León de buscar a las estudiantes en redes sociales y de conseguir sus teléfonos para decirles lo bonitas que se ven en sus fotos. Aseguraron hay muchos casos más, pero por seguridad prefirieron no dar detalles pues suelen ser intimidadas, como sucedió con el docente Pablo Araujo, quien amenazó por mensaje a una joven tras figurar en el tendero de acosos de la facultad.
Autoridades se escudan
Las estudiantes declararon que en las dos mesas de trabajo que se han tenido sobre el paro, las autoridades les dan la vuelta cuando tocan las situaciones de acoso en la institución, argumentando que no pueden destituir a los profesores ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje objetará por sus despidos, aunque cabe mencionar que dicho órgano ha sido señalado por retrasar los juicios.
Como no pueden ser destituidos sin pruebas, se le preguntó a la Abogada General, Rosa Isabela Ávalos Méndez, qué es lo que se necesita para que se conformen las carpetas de pruebas contra los docentes, a lo que respondió resueltamente que, aunque las tuvieran, cabía la posibilidad de que no precedieran.
Algunas de sus declaraciones fueron:
“En muchas ocasiones, pareciera que la Abogada General está apelando más a lo legal en el sentido de proteger a los acosadores y a las personas que nos violentan, no tanto a los alumnos”
“sabemos de antemano que no se da un seguimiento, no hay un acompañamiento. Muchas veces sufrimos revictimización y en muchos casos no se hace nada al respecto. No hay una confianza para denunciar”

Protocolo de Violencia de género
En mayo de 2019 la BUAP puso en marcha el Protocolo para Casos de Violencia de Genero, sin embargo, las alumnas mencionaron que es sumamente limitado y que carece de procedimientos, pues la Abogada General no ha sido “transparente” con la cantidad de denuncias presentadas y resueltas.
“Ya existe el Protocolo de Genero y hemos visto que la BUAP se ha pronunciado mucho a favor de buscar la equidad de género y de que ya no existan este tipo de prácticas, pero parece que es más propaganda. Sí, nos dicen que ha habido ciertos casos resueltos, pero no nos dicen cuántas denuncias tienen”
Entre sus exigencias, se destaca que los profesores señalados por acoso abandonen el instituto o que, al menos, reciban una capacitación sobre violencia de género, del mimo modo piden que las denuncias colectivas sean tomadas como prueba.
También, que se fortalezca la contratación de nuevos profesores con diversos filtros psicológicos que permitan reconocer comportamientos violentos, así como inclusión del colectivo Minervas en Resistencia en el Protocolo de Violencia de Género, con la finalidad de supervisar y garantizar su ejecución.