Cerca del 60% de los reclusos en Ceresos de Puebla están sin sentencia

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, reveló que de los más de siete mil presos que se encuentran en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado, aproximadamente cuatro mil aún no han recibido sentencia.

Según detalló el funcionario en una reciente conferencia de prensa, muchos de estos internos enfrentan múltiples procesos legales, algunos con hasta tres o cuatro causas abiertas, lo que ha prolongado su tiempo de reclusión sin un veredicto definitivo.

Además, entre los 232 reclusos que serán trasladados a otros centros penitenciarios debido al cierre de varias cárceles en la entidad, también se encuentran personas que aún no han sido sentenciadas, lo que refleja la saturación del sistema judicial y penitenciario en Puebla.

Traslado de internos por cierre de centros penitenciarios

El traslado de presos ya ha comenzado, enviando a la mayoría de los reclusos al Cereso de San Miguel en la capital poblana y al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez.

Esta medida forma parte de un plan para cerrar siete cárceles estatales, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendara su clausura debido a las malas condiciones de infraestructura, agravadas tras el sismo de 2017. Durante las inspecciones, se detectaron grietas y otros problemas estructurales en varios de los centros afectados.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, confirmó que el cierre responde a la necesidad de proteger los derechos humanos de los reclusos y mejorar las condiciones de vida en el sistema penitenciario. Además, señaló que los centros cerrados tenían poblaciones carcelarias reducidas y no contaban con los recursos necesarios para operar de manera eficiente.

Centros penitenciarios afectados por el cierre

Las cárceles que dejarán de operar se encuentran en Zacatlán, Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Izúcar de Matamoros, Chignahuapan, Chiautla de Tapia y Atlixco.

Estos centros penitenciarios enfrentaban graves problemas como hacinamiento, sobrepoblación y deficiencias en el suministro de alimentos, además de la falta de personal capacitado. Las evaluaciones realizadas por la CNDH otorgaron una baja calificación a estos centros, lo que aceleró el proceso de traslado y cierre.