El gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha presentado una iniciativa que facultaría al Congreso de Puebla a nombrar al titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado (FGE) para verificar el ejercicio del gasto e investigar las conductas ilícitas en el manejo de recursos.

Además, plantea la creación de una visitaduría general que se encargará de la supervisión, inspección y control de las actuaciones de los servidores públicos a fin de que cumplan con su obligación de procurar la justicia.

Este organismo tendría también la capacidad de recibir quejas y denuncias por parte de la población o de alguna dependencia contra actos del personal adscrito a la Fiscalía General del Estado.

Barbosa Huerta, planteo al Congreso reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado justo después de que el Poder Legislativo, nombrara a Gilberto Higuera Bernal como titular del organismo por un periodo de siete años.

Dentro de la iniciativa, se explica que el Órgano Interno de Control contará con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. También tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran representar alguna responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como particulares vinculados con faltas graves.

El Órgano Interno de Control supervisará el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos y tendrá la atribución de presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser considerados como delito ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. Se aclara, que el Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito, no podrán intervenir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de la FGE.

Por último, se estipula que el servicio profesional de carrera, no sólo involucrará a peritos, agentes del Ministerio Público y agentes investigadores, sino también a facilitadores y analistas de información y establece que el servicio estará fundado en los principios de máxima especialidad, vocación de servicio, debida diligencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.