Poder Judicial del Estado implementa plan de continuidad de operaciones ante coronavirus

A fin de garantizar la salud e integridad del personal y usuarios de los servicios del Poder Judicial del Estado de Puebla, sin interrumpir la impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura emitió un plan de continuidad de operaciones ante la contingencia sanitaria derivada de la presencia del virus Covid-19.

El plan establece la suspensión de labores y, por consecuencia, la de términos procesales a partir del día  18 de marzo, reanudándolas el 20 de abril de 2020, salvo pronunciamiento que emita este Consejo de la Judicatura una vez analizadas las condiciones que comuniquen las autoridades sanitarias correspondientes.

En los órganos jurisdiccionales se establecerá una guardia con el personal necesario, bajo la coordinación de las y los titulares de los mismos, para atender aquellas actuaciones urgentes de plazo constitucional en materia Penal y las relacionadas con la libertad personal, órdenes de protección en materia Familiar, y las urgentes que involucren niñas, niños y adolescentes, en caso de que la integridad de los menores se encuentre en riesgo.

Por otro lado, atendiendo al exhorto emitido por el Gobernador Constitucional del Estado, se ordena que no forme parte de las guardias el personal que cumpla alguno de los siguientes supuestos:

·      Personas mayores de sesenta años,

·      Personas con discapacidad,

·      Trabajadores con alguna enfermedad crónica degenerativa o sistema inmune comprometido y

·      Mujeres embarazadas o en lactancia.

De igual forma, quienes sean padres y madres de niños en edad escolar, podrán ingresar a sus labores a las once horas garantizando que sus hijos tengan cuidados en ese periodo.

En cuanto al desahogo de las audiencias, presentación de promociones, consulta de expedientes y notificaciones de ambos sistemas se establecieron los lineamientos para su desahogo.

El Poder Judicial del Estado de Puebla reitera su compromiso de priorizar la salud de sus integrantes y de los ciudadanos, reduciendo al mínimo el impacto sobre la impartición de justicia.