En 2025, Puebla vivirá un proceso histórico al renovar 17 plazas de magistrados y 13 de jueces mediante voto popular, como parte de los cambios introducidos por la reforma judicial. Esta elección, inédita en la historia del estado, incluye cargos en tribunales de materias penal, civil, mercantil y administrativa, abriendo la puerta a una mayor participación ciudadana en la justicia.
Los magistrados y jueces que serán votados
Entre los magistrados que participarán en las elecciones se encuentran figuras clave del Sexto Circuito, como Carla Isselin Talavera y Jesús Rafael Aragón, ambos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, y Miguel Ángel Ramírez González del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
En cuanto a los jueces, destacan Antonio Trujillo Ruiz del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y César Humberto Valles Issa del Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales, entre otros.
Sorteo en el Senado: un paso hacia la renovación judicial
El 13 de octubre, el Senado de la República llevó a cabo un sorteo mediante tómbola para definir los cargos judiciales que se renovarán en Puebla. Este evento fue parte de un proceso más amplio a nivel nacional, en el que participaron más de 400 magistrados y jueces de circuito.
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Sin embargo, el sorteo fue objeto de críticas por su aparente falta de planificación, lo que generó descontento en redes sociales.
Críticas y observaciones en el proceso
A pesar de la ausencia de senadores de partidos como Movimiento Ciudadano y el PAN, el PRI estuvo presente en calidad de observador para asegurar que el sorteo se realizara de manera transparente. Aún así, varios analistas señalaron que el proceso se desarrolló de forma apresurada, lo que puso en duda la legitimidad de algunos resultados.
Con este innovador sistema de elección, Puebla se convierte en un caso emblemático para la reforma del sistema judicial en México. Los comicios del 2025 no solo determinarán quiénes ocuparán estas importantes posiciones, sino que también servirán como prueba de la viabilidad de la elección directa de jueces y magistrados en el país.